Cédulas de identidad en mal estado impide el ingreso de Venezolanos a Ecuador.

A menos de 24 horas de que entre en vigencia la disposición de solicitar pasaporte a los ciudadanos venezolanos que ingresen a Ecuador, se evidencia preocupación entre quienes llegan al puente internacional Rumichaca, en Tulcán, provincia de Carchi.
Quienes ingresan este 17 de agosto de 2018 comentan que sus compatriotas, que están en camino, no conocen de la disposición migratoria y solo portan la cédula de identidad.
Pero hay otro problema. Migración de Ecuador no permite el paso de los venezolanos que tienen su documento de identificación en mal estado. Es el caso de Yroldo Vargas, de 20 años, quien viajó cinco días desde Maracaibo, para llegar a Ecuador y no tiene dinero para volver a su país. Dice que solo le dijeron que su cédula está deteriorada y no podía entrar.
Rosa Lugo tampoco pudo ingresar, por la misma razón que la Unidad de Migración de Rumichaca le expuso a Yroldo.
El Gobierno nacional dispuso la tarde del 16 de agosto de 2018 que a partir del sábado 18 de agosto solo podrán entrar al país los venezolanos que porten su pasaporte. Lo hizo tras una reunión entre el presidente de la República, Lenín Moreno, y una delegación de migrantes venezolanos en el país.
La motivación, según explicó la Cancillería, es que las cédulas de identidad que portan los venezolanos al ingresar al territorio nacional no cuentan con las seguridades necesarias para la identificación en el tipo de lectores establecido por el sistema migratorio ecuatoriano, "por lo que no es posible validar su autenticidad".
El Ministerio de Relaciones Exteriores añade que algunas muestran daños o deterioro, otras carecen de códigos de barra o chips, por lo que se consideran documentos altamente falsificables.
Pero la Ley de Movilidad Humana, vigente en Ecuador, establece los requisitos para ingreso y salida de territorio nacional para la comidad suramericana.
La medida gubernamental ha generado rechazo de varios sectores, incluso del mismo público. La Defensoría del Pueblo es una de las entidades que pidió al Régimen desistir de esta disposición. Desde el Ejecutivo no ha existido un nuevo pronunciamiento al respecto.















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