Manabí: Adultos mayores viven en carpas y aún esperan promesa de casas tras tres años del terremoto

Las varillas de hierro que para Pablo Arquímedes Lucas representaban el inicio de la construcción de su casa, para reemplazar a la que se cayó por el terremoto, están oxidadas.
Lucas vive en el sitio Los Arenales, parroquia Crucita, Portoviejo, una zona donde el salitre baña las esperanzas de quienes no pueden aún contar con su vivienda prometida.
Dos meses después del terremoto, asegura Lucas, un ingeniero llegó con materiales. “Dos días removieron tierra y pararon los hierros, pero solo fue eso”, rememora de aquel episodio de hace casi tres años.
Él pertenece a un grupo vulnerable. Presenta discapacidad (pierna amputada), y no pierde la esperanza de que construyan su casa, como es el anhelo de otros manabitas en situación similar y de adultos mayores.
Hasta eso, Lucas debe seguir en una covacha, bajo el plástico caliente, que incluso quita el sueño a Natalia Lucas, moradora de Las Gilces, también de Crucita. “Paso venteándome con un papel o con un trapo, o me voy a dormir en la hamaca porque este fogaje es insoportable”, menciona.
La mujer, debido a la diabetes, perdió la pierna izquierda hace 10 años. A ella el terremoto también le arrebató su casa de caña. Su techo es una carpa.
Mercedes Chávez, de la comunidad de San Marcos, vive entre escombros. “De engaños ya hemos vivido desde hace rato, queremos nuestras casas y ya no pasar otro invierno entre carpas y frío o calor”, reclama.
Amanda Lucas, otra damnificada con un apellido común en la zona, afirma que a su papá, Pedro Lucas, de 91 años, le dieron una casa en la que restaba enlucido y en la que parte del cableado quedó visible, como en la ducha. Pero ella suplica que exoneren a su progenitor del copago de $ 1.000, cláusula para todos quienes recibieron casas valoradas en $ 10.000.
“De los $ 100 que recibe al mes por jubilación, $ 30 es para ese copago. Mi papá ya no puede pagar porque no trabaja, está enfermo, por favor, entiendan”, dice la mujer, y afirma que él ya cubrió más de $ 200.
Nahum Campuzano, director del Comité de Usuarios de Defensa de las Instituciones de Manabí, señala que hay varios adultos mayores obligados a pagar un copago, como una mujer de 104 años de la comunidad de San Roque (también de Crucita) que supuestamente cancela unos $ 30 al mes, lo que a su criterio vulnera derechos.
Guillermo Sierra, secretario (e) del Comité de la Reconstrucción, dice que levantan 4.064 viviendas en Manabí y en Esmeraldas y que resta por contratar 4.857 casas, que con ellas se completarían las 45.455 soluciones habitacionales.
Según el Comité, 36.534 casas ya fueron entregadas.
El rubro para las casas faltantes, señala Sierra, surgirá de recursos fiscales y de un crédito chino que se concretaría máximo en septiembre. Menciona que el copago se mantiene.
“Personas que tienen para un teléfono de $ 300 y $ 400 pueden tener la capacidad de pagar $ 30 o $ 40 al mes, que es lo que demora el crédito para pagar esos $ 1.000”, señala, y agrega que las personas con discapacidad y adultos mayores deben tener prioridad en las obras.
Guillermo Celi, asambleísta de Manabí, impulsa que la Asamblea atienda el pedido de eliminar el copago.
Reunión
El Comité de Usuarios de Defensa de las Instituciones de Manabí, luego de una reunión la semana pasada con afectados de la parroquia Crucita que esperan casas prometidas o que deben cancelar copagos, anunció que solicitarán al Gobierno la remoción de las autoridades del Miduvi en Manabí por “su actitud indolente”.















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