LLAMAN A JUICIO A EXVICEPRESIDENTA VICUÑA POR CASO DIEZMOS

El juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, resolvió llamar a juicio a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, por su presunta participación en el delito de concusión.

Este martes 21 de mayo, durante la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, el magistrado acogió el pedido de la Fiscalía, que presentó 34 elementos técnicos de convicción contra Vicuña.

La entidad acusa a la ex segunda mandataria por, presumiblemente, haber recibido dinero de manera ilegal por parte de sus excolaboradores, cuando se desempeñaba como asambleísta por la provincia del Guayas.

Una vez expuesto el dictamen acusatorio que incluye -entre otros- la declaración juramentada de Ángel Sagbay, exasesor de Vicuña; así como el parte policial que originó su investigación, la fiscal general Diana Salazar solicitó al juez que dicte el auto de llamamiento a juicio.

Además, Salazar presentó el informe pericial contable y financiero, del que se desprende que los movimientos en las cuentas bancarias de la exfuncionaria acusada alcanzaron los $ 590.000, cifra que no coincidiría con lo declarado ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

En la pericia también se determinó que no se puede identificar que el destino del dinero -que ingresó directamente o a través de otros militantes del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) a las cuentas de María Alejandra Vicuña- haya sido utilizado para la organización.

Esto, según explicó la Fiscal General del Estado, porque ABA no es una organización legalmente constituida ni registrada o calificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE); y que tampoco lleva contabilidad ni tiene Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Certificados bancarios de la procesada y de las cuentas de algunos de los presuntos colaboradores voluntarios, partes policiales, informes periciales, denuncias, testimonios, en total son 34 elementos de convicción que se incluyen como prueba procesal.

Salazar también solicitó que se mantengan las medidas cautelares de prohibición de salida del país y la presentación periódica ante un juez, en contra de la procesada; y que se agregue la prohibición de enajenar bienes y el congelamiento de cuentas por $173.000.

En octubre del 2018, Sagbay notarizó una declaración juramentada, en la que asegura que transfirió $300 mensuales a una cuenta de la exvicepresidenta de la República, entre junio de 2011 y mayo del 2012, mientras era asistente administrativo de la entonces legisladora; y que, entre junio del 2012 y mayo de 2013, cuando fue ascendido a asesor uno, la cuota se incrementó a $1.400.

La instrucción fiscal inició el 23 de enero pasado, pues el juez Saquicela consideró que existían elementos suficientes de que la exasambleísta abusó de su cargo para exigir a su exasesor que deposite dinero en su cuenta personal; además de que no habría podido justificar qué hizo con los aportes, que supuestamente fueron voluntarios y destinados al movimiento ABA.