El Estado deberá reconocer a Abdalá Bucaram USD 200 millones si no se demuestra la incapacidad mental por la que fue destituido de la Presidencia

Estado deberá pagar USD 200 millones a Abdalá Bucaram si no justifica su destitución por incapacidad mental.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Estado ecuatoriano que, en un plazo de tres meses, presente una justificación formal sobre las razones que llevaron a la destitución del expresidente Abdalá Bucaram en 1997, alegando incapacidad mental para gobernar.

Esta solicitud forma parte del proceso que el propio Bucaram inició en 2015, cuando interpuso una demanda contra el Estado en la que reclama una indemnización de USD 200 millones como reparación integral por la destitución que sufrió hace más de dos décadas. Además, en su demanda, Bucaram exige que se sancione a los diputados que votaron a favor de su salida del poder, argumentando que dicha decisión fue injusta y arbitraria.

La destitución de Bucaram en 1997 fue un episodio controversial en la historia política del Ecuador, marcado por acusaciones de incapacidad mental y conflictos dentro del aparato estatal. Ahora, este caso vuelve a estar en el centro del debate público y legal, mientras la CIDH evalua la posición del Estado ecuatoriano frente a la demanda.

De no presentar una justificación válida, el Estado podría verse obligado a pagar la suma reclamada por Bucaram, lo que abriría un precedente significativo en materia de derechos políticos y compensaciones por destituciones presidenciales.