La deuda con los proveedores del Estado tiene pocas vías de solución.

La llegada de nuevos créditos de China y el FMI; y el pago a través de bonos son los dos únicos mecanismos para ir cubriendo las obligaciones pendientes

“Ecuador va a tener que acostumbrarse a los atrasos. Los recursos van a ser siempre escasos y no se sabe cuándo se podrá mejorar la situación de las cuentas fiscales”. Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, explicó que el Gobierno, en esas circunstancias, deber tratar de minimizar los atrasos y mantener la gobernabilidad, a través de pagos parciales en efectivo y entrega de bonos u otros papeles del Estado.

Una solución estructural, como aumento de ingresos y mayor reducción de los gastos improductivos, es inviable en medio de la crisis y el descontento social.

Desde año pasado, las obligaciones pendientes con proveedores suman $491 millones: $191 millones del 2019; y $300 millones del 2020. Para cubrir esto, según Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, se encuentra aprobada la emisión de $500 millones en bonos.

Las operaciones se podrán concretar bajo dos modalidades: Pago- inversión y Dación en pago. En el primer caso, el Gobierno paga en efectivo los valores pendientes; pero llega a un acuerdo para que la totalidad o una parte de esos recursos sean invertidos, por la institución o la empresa, en títulos valores. En el segundo caso, directamente se pagan las obligaciones con papeles como bonos o Certificados de Tesorería (Cetes)

Sin embargo, Marco Leguísamo, representante de un colectivo de 120 pequeños y medianos proveedores impagos, comentó que el mecanismo de recibir papeles no es rentable porque si se negociando en los mercados de valores existe un alto descuento.

Ese descuento podría ser, en el mejor de los casos, entre el 15% y 20%, con lo que se diluye toda la ganancia de las empresas.

Además, los papeles no se pueden usar, por prohibición expresa de la ley, para pagar deudas con otras instituciones públicas como el Servicio de Rentas Internas (SRI) o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Según el ministerio de Economía, la efectividad del pago con bonos se confirma en el hecho de que, desde noviembre 2019 a junio 2020, ya se colocaron $532,5 millones para cubrir deudas con 76 instituciones (92% del sector privado).

Los principales beneficiarios fueron la Junta de Beneficencia, Solca, constructores, universidades, gobiernos locales, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) e Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL). Más endeudamiento al rescate Actualmente, el 27% de los atrasos corresponden al sector público y el 73% restante al sector privado. En el caso de los pequeños y medianos proveedores, la deuda oscila entre $5.000 y $60.000.

Carrera puntualizó que, a parte de la entrega de papeles, los nuevos préstamos, por parte de China y el Fondo Monetario Internacional (FMI), son la única manera de ir cubriendo una parte de las obligaciones pendientes.

De una deuda total de $491 millones, el 27% corresponde a atrasos en el sector público y el 73%  al sector privado.“Por esas dos vías se podrían conseguir hasta $3.800 millones. Pero eso solo servirá como un alivio porque la cantidad de gastos y compromisos no incluyen solo a los proveedores sino también al IESS, municipios, entre otros. El actual gobierno solo puede tratar de no profundizar más los problemas”, acotó

Roberto Cadena, dueño de una empresa de seguridad, comentó que están abierto a consensuar un plan de pagos, incluso han enviado propuestas al ministerio de Economía.

“No recibimos respuestas y tampoco tenemos ayuda desde el lado del programa ‘Reactívate Ecuador’. No somos sujetos de crédito porque tenemos otras deudas en el sector público”, aseveró.  (JS)

“Estamos tratando de cumplir con las cuentas por pagar conforme a las disponibilidades de las cuentas fiscales. El mecanismo de pago con bonos no es obligatorio y solo se concretará si hay mutuo acuerdo”, dijo.

“Son pequeñas y medianas empresas y ahora nos quieren castigar entregándonos bonos. Eso es insensato. A los pequeños proveedores les adeudan entre $3.000 a $15.000 y los papeles que nos ofrecen tienen un castigo de entre 30% y 35% al momento de quererlos negociar”, aseguró Añasco.

La mañana des este viernes, 7 de agosto 2020, un grupo de estos proveedores impagos hizo un plantón en los exteriores de la Plataforma Financiera, en el norte de Quito

“Tenemos compañeros que no pueden llegar porque no tienen ni siquiera para el transporte. La situación es tan grave que hemos tenido que apoyarnos para hacer autogestión porque lo que no hay es dinero, pero lo que hay son las ganas de protestar y pedir de pie nuestros derechos”, añadió

Marco Leguisamo, otro representante del colectivo, puntualizó que exigen un plan de pagos real; no bonos con un alto castigo y poco espacio de negociación en los mercados.

Iván Valencia, gerente de una compañía de seguridad, aseguró que en ese sector los pagos atrasados vienen desde 6 a 7 meses. “Nosotros exigimos que se nos cancele nuestros haberes porque estamos ya muriendo de hambre. Existen guardia de instituciones como Registro Civil que han estado durante toda la pandemia en la primera fila; pero el Gobierno ha sido indolente. Las empresas estamos al borde de la quiebra”, afirmó

Todos los grupos perjudicados han entregado varios oficios en la Asamblea Nacional, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop); sin embargo, no ven ninguna claridad para solucionar su situación.

A la espera de que el Gobierno cumpla sus obligaciones, “los proveedores han tenido que vender propiedades, acceder a préstamos e incluso han acudido al chulco. Hay empresas cuyos ingresos mayoritarios provienen del Gobierno”, dice Marco Leguísamo. Él representa a 120 proveedores, a quienes el Gobierno debe cerca de USD 20 millones, desde septiembre de 2019. El ‘chulco’ es una práctica ilegal que consiste en el cobro de intereses excesivamente altos por un préstamo.

Leguísamo dice que, entre esos 120 proveedores hay quienes, incluso, han tratado de acceder a créditos del programa Reactívate Ecuador, pero ninguno ha podido. “Una de las razones que nos ha dado el Banco del Pacífico es que tenemos alto riesgo por trabajar con el Estado“, dice.

“La falta de pago golpea más a los empleados porque no se puede pagar sus salarios”, afirma Leguísamo. Y agrega que, “aunque se trata de mantener la nómina, hay casos en los que las empresas han tenido que hacer recortes de entre 10% y 20% del personal”. Y, el temor es que mientras más se dilate el pago de la millonaria deuda haya más despidos.

“Estimamos que 12.000 empleos están en riesgo de perderse”, sostiene el dirigente. Por eso, los proveedores del Gobierno han hecho plantones en busca de una respuesta. La última manifestación fue el 7 de agosto de 2020, en los exteriores de la Plataforma Financiera, en Quito, donde funciona el Ministerio de Finanzas.

Participaron representantes y empleados de empresas de seguridad, limpieza, textiles, turismo, construcción, informática, suministros médicos y del sector metalmecánico.

Los representantes de los proveedores dicen entender que la situación económica es difícil, por lo que no exigen del Gobierno el pago total de la deuda, sino un plan de pagos. “Necesitamos un cronograma para llegar a acuerdos con los trabajadores, con nuestros proveedores y con la banca”, dice Leguísamo.

Valencia asegura que, durante el plantón el 7 de agosto, una delegada del Ministerio de Finanzas pidió a los proveedores que presenten un cronograma de pagos “aunque eso es responsabilidad del Gobierno”.

Los proveedores esperaban una respuesta a su propuesta el 13 de agosto de 2020, pero una funcionaria delegada por Finanzas les hizo un nuevo pedido: hacer el cronograma de pagos de forma separada, según la actividad económica de cada empresa. Ahora, los empresarios y empleados están a la espera de una nueva respuesta.